Pensiones: la tercera no es la vencida

Tomás Flores

Tras la reunión de los partidos políticos con el Presidente Boric, un acuerdo en materia de pensiones parece estar cada vez más lejos, ya que los partidos de oposición se han mantenido firmes en pedir que el 6% de cotización individual vaya íntegro a las cuentas individuales. Y es normal que así sea, pues todas las mediciones de opinión pública siguen mostrando las mismas respuestas: que la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, que esos dineros sean heredables y que las personas puedan elegir al prestador del servicio de gestión de sus fondos previsionales.

De hecho, en la encuesta Panel Ciudadano, solo un 9% de la población desea que la cotización adicional vaya a un ente estatal. Asimismo, la propuesta del Gobierno de que 4% vaya a un fondo estatal y 2% a cuenta individual solo recibe la aprobación del 2% de los encuestados. La mayor parte de la población desea que su dinero esté en su cuenta individual y no en otra parte.

“Por más que se haya abierto la puerta al diálogo a nivel político, si las ideas refundacionales persisten y el Gobierno no se abre a avanzar en lo que sí hay acuerdo, entonces las posibilidades de un acuerdo previsional se ven muy lejanas todavía”.

Sin embargo, mientras esta reunión entre el Presidente y los partidos ocurría, la ministra Jara y el ministro Marcel recorrían el sur de Chile evangelizando sobre los beneficios de su reforma de pensiones, mostrando una mirada parcial de la misma. De hecho, nada dice la ministra de Trabajo sobre cómo su propuesta de reforma implica que el porcentaje que se destinaría al seguro social no será heredable, ya que se eliminará la relación entre lo que ahorra un trabajador y su pensión futura. Ese dinero ahorrado “ya no será tu platita”, repetía con sinceridad un exconstituyente.

Además, la ministra señalaba que el proyecto aumentaba la capacidad de elegir de los afiliados, al introducir más opciones y más inversores, pero omitía por completo que su proyecto centraliza la administración de las cuentas en un solo ente estatal, que se encargará de la atención de público y de la interacción con las personas, por lo que, en la práctica, todos los chilenos estarán obligados a atenderse con un solo operador, comprometiendo el derecho a elegir.

Evidentemente, surgen ante la propuesta estatista las dudas sobre la capacidad del Estado para hacer todas esas tareas, más aún con los recientes casos de falta a la probidad y corrupción dentro del Gobierno, ya que traspasarle la operación de US$ 2.500 millones al año al Estado genera un riesgo sustancial en estos tiempos. Los chilenos no quieren exponerse a esos riesgos con sus fondos de pensiones y las experiencias de Argentina y Bolivia son nítidas al respecto. Así lo han demostrado las últimas encuestas que, una tras otra ratifican que más de un 70% de los chilenos desea que el 6% de cotización adicional vaya a sus cuentas individuales y que no las maneje el Estado.

En conclusión, por más que se haya abierto la puerta al diálogo a nivel político, si las ideas refundacionales persisten y el Gobierno no se abre a avanzar en lo que sí hay acuerdo -como podría ser aumentar la PGU a $ 250 mil con cargo a impuestos generales-, entonces las posibilidades de un acuerdo se ven muy lejanas todavía y será el tercer proyecto de reforma previsional que fracasa, tal como le ocurrió a los presidentes Bachelet y Piñera, a pesar del consenso obtenido en las comisiones Bravo y Marcel.

De esta manera, lamentablemente, la tercera no será la vencida.